El difícil camino para un estudiante universitario en Venezuela 

El difícil camino para un estudiante universitario en Venezuela 

Fernando Sánchez, de 23 años, quiere retomar la universidad, pero no tiene dinero para costear la matrícula en medio de una serie de situaciones familiares que ha enfrentado, agravadas por la crisis crónica que atraviesa Venezuela. “Ha sido muy cuesta arriba”, dice.

Teme perder sus estudios y solicita ayuda en GoFundMe, la plataforma de recaudación de fondos más grande del mundo, para cancelar deudas.

Sánchez vive con su madre que quedó desempleada en 2019, meses después de ser diagnosticada con cáncer, en un país con un sistema de salud pública colapsado.

“Mi madre era el único sostén de mi hogar”, dice este joven a la Voz de América, desde su casa en un barrio de clase trabajadora en Caracas.

Desde que su madre enfermó, este joven asume, como puede, las riendas de la economía familiar ya venida abajo por la peor crisis económica de la historia moderna del país, que disolvió el poder adquisitivo del ciudadano común.

“Yo no quería paralizar mis estudios”, comenta con tristeza. Pero, “vengo experimentando una situación económica bastante complicada”.

Trabaja en un centro de llamadas, donde gana “menos de 100 dólares” mensuales.

Sánchez tiene una beca estudiantil que exonera 30% de la matrícula, pero las cuentas igual no le dan.

Entre 1.700 y 3.000 dólares cuesta un semestre en una universidad privada, equivalente a unos 360 salarios mínimos.

Venezuela cuenta con universidades públicas, con pocas vacantes y muy golpeadas por falta de presupuesto, que el gobierno de Maduro normalmente atribuye a sanciones internacionales.

“Estamos tratando de no ahogarnos”

“No tengo los medios para continuar”, insiste.

Entonces, organizó la campaña de recolección de fondos, que mantiene activa desde 2022.

Antes, pidió colaboraciones en la iglesia… Hizo rifas por Instagram. También, solicitó ayuda a instituciones del gobierno, que no respondieron.

“Estamos tratando de no ahogarnos”, dice su madre Janeth Villamizar, de 52 años, que tiene cuatro años diagnosticada con cáncer de seno y no ha podido tratarse.

“Yo era considerada esa clase social media que trabajaba y uno salía adelante, pero eso ya no hay, no existe”, lamenta.

Sánchez no es el único que busca desesperadamente fondos para pagar estudios privados en Venezuela.

“Chamos (jóvenes) que quieren estudiar y no pueden, chamos que quieren estudiar, tienen el potencial, y no pueden sencillamente porque no tienen los recursos”, se reconoce en miles.

“En 2023, ante la desproporción del dólar con respecto al bolívar y el riesgo de regreso a la hiperinflación, veremos que muchos estudiantes no podrán proseguir sus carreras”, alertó esta semana el independiente Observatorio de Universidades (OBU), en su página web.

“Si bien muchos tienen interés en continuar su formación, en la práctica, la mayoría tendrá que trabajar para mantenerse”, explica Carlos Meléndez, director del OBU.

“Aquí estoy, sin mucha otra opción”

“Soy Alejandra y necesito tu ayuda para terminar de estudiar”, dice una campaña de otra estudiante venezolana en la plataforma.

“Lo último que pasó por mi cabeza fue hacer un GoFundMe para poder cumplir mis metas, pero aquí estoy, sin mucha otra opción”, escribió una joven que estudia Idiomas Modernos en Caracas.

“A pesar de todos mis esfuerzos y los de mis papás me es extremadamente difícil pagar las últimas 18 materias”, sigue la estudiante, que tiene una campaña activa por 6.000 dólares.

Venezuela tiene al 81,5% de sus ciudadanos en situación de pobreza, según la Encovi 2022, referencia ante la falta de cifras oficiales.

Y es precisamente “la pobreza generalizada” uno de los factores que ha llevado a la deserción en las universidades del país.

Antonio Canova, director de la asociación académica Un Estado de Derecho (UED), dice que “muchas especializaciones se han quedado sin alumnos (…) tanto en las universidades públicas como en las privadas”.

“Por un lado, la pobreza generalizada. Incluso, trasladarse a las clases diariamente supone un costo que muchas familias venezolanas no pueden costear”.

Fuente : La Patilla

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